Por Javier Segura del Pozo, médico salubrista y epidemiólogo
[Se reproduce a continuación el artículo editado el día 2 de enero de 2021 en Cuartopoder con el mismo título, que se puede leer AQUí.]
He preferido dejar pasar unos días para aceptar la invitación que me hizo el pasado martes Sato Díaz, para aclarar en este medio algunos términos de una “primicia” que incluyó la difusión de mi nombre y mi retrato. Me refiero a la comunicación de los nombres y perfiles profesionales del Comité Técnico de la Desescalada, merced a un requerimiento del Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno. Ya han amainado los consecuentes ataques e insultos de trolls y bots en mi cuenta de Twitter, en los que me acusan de todo tipo de responsabilidades (incluidas “las 70.000 muertes por covid”).
Tras tomarse la ardua labor de repasar en mi timeline los cientos de tweets que he compartido desde febrero, me reprochan imperdonables contradicciones como: haber dudado del nivel de atención mediática de los casos de coronavirus…en febrero, haber acudido a la manifestación del 8M…el 8 de marzo, haber matizado el peso de la trasmisión por aerosoles, haber puesto en duda el sentido de los confinamientos por zonas básicas de Ayuso, o el ser funcionario y a la vez “compartir dudas entre activistas de la salud y la equidad” (como reza el lema de mi cuenta de Twitter y del blog).
El viento helado de final de año y las nuevas primicias informativas también se han llevado ya los extraños titulares y noticias de algunos medios interpretando nuestro trabajo, como aquel tan “celebrado” de El País de Simón, 13 funcionarios y un epidemiólogo. La mayoría desvelan no solo el frentismo que parece guiar a muchos, sino el gran margen de mejora existente en el rigor periodístico en esta, por otra parte, admirada profesión.
Intentaré compartir algunas reflexiones útiles de una polémica agria, agresiva y poco cuidadosa con unos servidores públicos que han tenido que aguantar durante meses “la del pulpo” por el pecado de estar trabajando en “el ojo del huracán”, intentando aportar lo mejor que sabían y podían en un momento muy difícil. Me refiero al equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Epidemiológicas (CCAES) y al resto de funcionarias que conmigo reforzamos al CCAES entre mayo y junio, para gestionar el seguimiento de los indicadores del llamado Plan para la transición hacia una nueva normalidad, o en román paladino: “la desescalada”.
Me limitaré a advertir que, aunque esto no es The Lancet, yo no diré que no tengo conflicto de intereses. Los tengo: tengo un vínculo afectivo con el equipo del CCAES al que admiro profundamente por su entrega y capacidad de trabajo demostrada en estos meses, y no suficientemente reconocida. Y espero que pueda ser útil esta subjetividad mía compartida con ustedes en este texto.
Empiezo por el principio. La pandemia me pilló pocos meses después de mi cese como subdirector general de prevención y promoción de la salud en Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid) y a nueve meses de mi jubilación. Me subía por las paredes al verme inactivo e inútil, mientras mis colegas sanitarios estaban desbordados conteniendo el tsunami pandémico y había un clamoroso déficit de profesionales disponibles formados en salud pública, vigilancia epidemiológica y gestión de crisis, para afrontar tamaño reto epidémico.
Por ello, en vez de refugiarme en ese cómodo, seguro (con mi edad, el miedo estaba ahí), pero insolidario confinamiento institucional, ofrecí mis servicios a varias administraciones. Entre ellas, mi institución de origen, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que en esos momentos de finales de marzo, estaba en estado de shock y desborde extremo. Fue la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad la que finalmente consideró útil mis servicios. Por cierto, antes de que se me olvide y utilizando el dañino lenguaje bélico al uso: nunca comprenderé por qué no se movilizaron las decenas de “reservistas” epidemiólogos jubilados dispuestos a ser “llamados a filas” en esta histórica y “patriótica” ocasión ¡Cuánto talento y expertía desperdiciados!
Madrid Salud me hizo una atribución temporal de funciones al Ministerio de Sanidad, por la que pasaba a prestar allí mis servicios de funcionario hasta finales de junio. Después de unas semanas apoyando las tareas de comunicación y promoción en salud, me incorporé a principios de mayo al CCAES, junto con otros funcionarios de otras unidades del Ministerio de Sanidad y del Centro Nacional de Epidemiologia, para formar un equipo técnico que ayudase a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) a seguir la nueva Estrategia de diagnostico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de Covid-19, recién definida por la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud, y a cumplir con los indicadores para poder pasar de fase en la desescalada.
La experiencia vivida en esos dos cortos pero intensos meses ha sido apasionante e impagable. Y agradezco a la directora general, Pilar Aparicio, y al director del CCAES, Fernando Simón, la confianza que depositaron en mí. Fue un privilegio trabajar con ese grupo profesional altamente cualificado y con una increíble capacidad de trabajo y entrega, esforzándose en aislarse de un contexto de alta presión mediática, rastrera polarización política y lamentable populismo pandémico. No debo, ni puedo revelar detalles de este proceso de trabajo. Solo compartiré un par de cosas.
Primero que, al contrario de lo que se especula, el nivel de discrecionalidad en los dictámenes técnicos era mínimo, al estar muy definidas, con una amplia batería de indicadores cuantitativos y cualitativos, las condiciones de situación epidemiológica y capacidades estratégicas requeridas para pasar de fase. Requerimientos que eran transparentes para todas las CC.AA., entre otras cosas, porque participaron en su definición en las ponencias técnicas del Consejo Interterritorial. Es verdad que, a mi parecer, no se hizo el suficiente esfuerzo comunicativo de divulgarlos para disipar las sospechas de opacidad intencionada con fines de discriminación política contra algunos territorios. Tampoco encontré mucho interés en los medios que lanzaban esas sospechas por identificarlos, más teniendo en cuenta que las CC. AA. gobernadas por los partidos de la oposición disponían de la lista y del cuestionario base en los que se basaban los informes. Al parecer, era más rentable explotar la suspicacia. No sería la primera vez en que, bajo mi punto de vista, una política de comunicación posiblemente apocada por este agresivo y constante ataque político y mediático, tomaba decisiones defensivas que mermaban la transparencia de los procedimientos y los criterios aplicados y restaba brillo al trabajo técnico realizado, al dar pábulo a las sospechas de falta de rigor y contaminación política.
En muy contadas ocasiones hubo dudas sobre si una CC.AA. estaba preparada o no para pasar de faseen base a los datos aportadas por las mismas. Creo recordar que en estos escasos casos, se optó generalmente por aceptar la solicitud por parte del Ministerio. Al contrario de algunas suspicacias, las escasas ocasiones en que los informes técnicos rechazaron las solitudes de algunas CC.AA., se basaron en una información bastante rotunda. El margen de discrecionalidad en los dictámenes era mínimo: no solo porque los técnicos teníamos que basarlo en el análisis combinado de una amplia batería de indicadores, sino por el coste que hubiera supuesto al nivel político-institucional una decisión que contradijera el dictamen del informe técnico.
Segunda confesión, y más importante: en los informes en los que estuve implicado, en ningún momento recibí la menor presión política o institucional para cambiar mi análisis o criterio. Además, los que me conocían a mí y al devenir de mi experiencia de 41 años de servicio público sabían que hubiera sido inútil. Obviamente la decisión final corría a cargo de los responsables políticos del Ministerio, una vez leídos los informes técnicos y contrastadas las posibles dudas con los responsables de las CC.AA.
Creo que, a pesar de que el ritmo impuesto por los breves plazos e insuficientes recursos obligaban a maximizar la organización de tareas, en general se hizo un trabajo brillante. Mérito que fue totalmente compartido con el papel jugado por los interlocutores técnicos de cada CC.AA y la estructura técnica que representaban. Los servicios de sanidad y salud pública de las mismas hicieron un inmenso esfuerzo de adaptar sus sistemas de información y declaración a las exigencias de la nueva estrategia. Un ejemplo fue el tener en pocos días disponibles un sistema de registro de los casos sospechosos, en atención hospitalaria y primaria, interconectados con los registros de los laboratorios de microbiología para poder comunicar en un periodo de menos de 48 horas el resultado de las PCR de los casos sospechosos, el número de contactos investigados o los tiempos de retraso entre inicio de síntomas, diagnóstico, notificación y aislamiento. Información que debía ser notificada diaria y agregadamente al CCAES, junto con los cuestionarios que cada dos semanas acompañaban cada solicitud de cambio de fase. No fue menor el esfuerzo desplegado para reforzar las capacidades asistenciales y de vigilancia epidemiológica.
Comparto con algunos la opinión que deberían haberse definido más criterios umbrales de los indicadores cuantitativos, como los que después se incluyeron en el Plan de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19 de finales de octubre. También que algunos indicadores de recursos humanos (como los de salud pública) eran demasiado groseros. Posiblemente se hubiera evitado el famoso debate posterior y baile de cifras sobre el numero de rastreadores disponibles y su suficiencia (o tal vez, no). Pero es importante resaltar que este Comité Técnico de Desescalada no diseñó los indicadores de la desescalada.
También que este comité técnico no era un comité de expertos, tal como se entiende. Es decir, profesionales externos a la institución, con o sin estatus de funcionario, que son invitados a dar consejo a la institución y seleccionados por su expertia o su representación de una sociedad científica o grupo profesional. Esos comités de expertos también existían. Desconozco el origen de esta confusión. Lo que parece subyacer en esta polémica es la sospecha de que una funcionaria será la “palanganera” del poder político y tendrá menos independencia técnica que un comité de expertas externas seleccionadas ad hoc por la institución.
Lamentablemente, el argumento esgrimido por el Ministerio para su negativa inicial a revelar nuestra identidad, es decir, que era una forma de protegernos frente a los posibles ataques personales, ha sido confirmado esta semana por los hechos, como contaba al principio. A pesar de ello, defiendo la transparencia demandada. No tanto como comité de expertos, sino como funcionarios. Desde el principio de mi carrera profesional he defendido que los informes técnicos deben fecharse y firmarse. Es la mejor defensa de la independencia técnica del funcionario [1]. También de la ciudadanía frente a la administración. Espero que sea la regla general y, al igual que ahora he defendido que es un derecho de la población saber nuestros nombres si así se requiere, confío en que también se me facilite la identidad del policía que me aborde en una manifestación (o un control de carretera) o del funcionario de ventanilla o teléfono que me atienda si como ciudadano no estoy satisfecho por el trato recibido por los mismos.
Sin embargo, una vez dicho esto, no creo que esta polémica solo haya sido una cuestión de transparencia, sino que esa exigencia estaba contaminada por la batalla sectaria que sufrimos y que nos debilita como sociedad en el afrontamiento de la pandemia. Solo basta ver las líneas que se han dedicado a reproducir el impresionante curriculum de mis excompañeras del “misterioso” equipo técnico. Una vez confirmada la solvencia técnica del equipo, solo quedaba hacer reproches tan peregrinos, como los del ABC del día 30 de diciembre, de que “el ejecutivo se basó únicamente en criterios sanitarios y obvio a expertos económicos”. De las pocas veces que he visto reivindicada la multidisciplinariedad de los equipos de salud pública, aunque en este caso, más bien para invocar el falso “dilema salud y economía”. Definitivamente creo que la transparencia exigida a las administraciones públicas debería ir acompañada de la transparencia de los medios de comunicación y los partidos políticos sobre a qué poderes fácticos tienen que dar cuenta.
Me dejo para el final la carta a The Lancet. Carta que no firmé por no formar parte del CCAES en el momento en que se elaboró, aunque tampoco lo hubiera hecho en ese caso. Y no tanto por el contenido, sino porque aparecía como una réplica a otra firmada por varios profesionales (mi firma incluida), en la que se pedía una evaluación independiente a la acción del gobierno central y de las CCAA (no nos olvidemos que las principales decisiones de gestión de la salud pública, la sanidad y los servicios sociales, incluyendo las residencias de personas mayores y discapacitadas, las tomaron las administraciones autonómicas), para identificar puntos mejorables en la gestión de alarmas epidémicas.
Creo que el CCAES cometió el error de darse por aludido, a pesar de ser solo una unidad de la administración y que muchas de las acciones, omisiones y criterios a evaluar dependían de decisiones de orden político-institucional de los gobiernos central y regionales, de las que el CCAES había sido ajeno. Temo que primó más la herida del pundonor profesional y el sacar pecho por el trabajo realizado e insuficientemente reconocido. Se quiso llamar la atención del mérito (compartido con las CC. AA.) de un proceso en el que durante dos meses los 17 territorios autonómicos siguieron las mismas reglas de juego, con menores posibilidad de ser enturbiadas por el populismo sanitario. Y que tuvo como recompensa la radical bajada de la incidencia y la mortalidad entre mayo y junio a unos niveles ahora envidiables y una vuelta ordenada a una nueva normalidad [2]. Lo que vino después ya lo sabemos [3].
Ojalá se hubieran hecho públicos en estos momentos los resultados detallados de los datos que aportaban las CC.AA. para disipar las mencionadas suspicacias. Sospecho que el no hacerlo tuvo que ver con un cierto pacto o acuerdo entre el Ministerio y las CC.AA. que no querían compartir esta información con el resto de CC. AA y con la opinión pública. Sin embargo, quien se llevó la acusación de opacidad y falta de confianza en la madurez ciudadana fue el Ministerio.
Sobre esta difícil base de indiscriminación de responsabilidades y corsés comunicativos por lealtad institucional, se construyó la réplica en The Lancet, y en ella se enredan otros detalles menores que dieron lugar a nuevos reproches, como la dificultad de referenciar bien informes y trabajos que están en proceso de publicación, la confusión sobre algún indicador reivindicado o la utilización de la fórmula de declaración de conflicto de intereses, obligatoria en una revista científica, pero improcedente y susceptible de ser malentendida en esta ocasión. El contexto determina el texto. Y el medio elegido favorece la ambigüedad y malentendido del mensaje. Nos debe hacer reflexionar sobre si la necesaria transparencia y el control social de la administración pública se puede basar en las titánicas conferencias de prensa del Dr. Simón, en la “aristocrática” comunicación científica (publicaciones en revistas científicas y comunicaciones en congresos) o en las frecuentemente sesgadas tertulias de los medios ¿No debería haber otros canales de debate y cruce de saberes con la ciudadanía para deshacer suspicacias y conquistar complicidades?
NOTAS
1. Ver: Segura del Pozo, J. ‘Se puede ser rebelde y funcionario a la vez y no estar loco‘. Blog ‘Salud Pública y otras dudas’. 11 de mayo de 2013.
2. Obviamente el mérito máximo corresponde al cumplimiento de las medidas de prevención por parte de la ciudadanía.
3. Ver los artículos que publiqué en este medio a partir de agosto: https://www.cuartopoder.es/author/javiersegura/
Salud Pública y otras dudas 